Representantes de las instituciones atendiendo al Puebo en cabildo abierto
Es cierto que hay trocadores (cambiadores de moneda) en la calle, contrabandistas de gasolina, vendedores de drogas, ladrones, etc, todas actividades ilegales. Pero es que los funcionarios que salieron de Santa Elena de Uairén luego del cabildo abierto del viernes pasado no estaban cumpliendo sus funciones, estaban faltando a su deber, estaban dejando suceder los delitos igualitos al cobrar grandes sumas de dinero a los delincuentes, y además criminalizaban a quienes no eran delincuentes para sacarles dinero también, o a quienes eran testigos de sus de sus actuaciones los amenazaban o hasta los golpeaban para que no denunciaran sus malas praxis policiales.
Entonces no servía para nada tener a funcionarios que empeoraban las cosas en vez de solucionarlas.
Esto no fue contra las instituciones, el hecho de que el Jefe a nivel nacional del CICPC y el Jefe del Estado Bolivar del CICPC vinieran personalmente a atender nuestro cabildo abierto indica que la institución no es el problema, si no unos cuantos funcionarios que hicieron quedar mal a la institución. Estos jefes que vinieron de afuera a atendernos no vinieron a imponerse, no vinieron a engañarnos, ellos vinieron honestamente a solucionar nuestro problema y nos dieron respuesta inmediata como se lo solicitamos. Eso como pueblo tenemos que agradecérselo a estos dos jefes del CICPC.
Con las otras instituciones ocurre lo mismo, hay unos cuantos funcionarios que deben ser investigados y sancionados si se demuestra su culpabilidad, pero no son las instituciones en si. Si se fueran todas las instituciones reinaría el caos y la anarquía. Lo que pasó con el CICPC es que lamentablemente a nivel local de este pequeño pueblo de frontera sí eran todos estos funcionarios de esta institución, alrededor de seis funcionarios en total aquí destacados los que presentaban problemas, y el pueblo no aguantó. El hecho que además estos funcionarios hubieran arremetido ideologicamente contra un Consejo Comunal, contra el Poder Popular, fue la gota que derramó el vaso y el detonante que causó la salida del CICPC de Santa Elena de Uairén.
Pero está institución volverá, nuestras propuestas para que vuelva según nuestras necesidades serán escuchadas y los jefes de Caracas velarán porque no se repita jamás algo similar a lo sucedido.
Y en las otras instituciones tenemos la esperanza que esto sirva de ejemplo para que limpien sus filas antes de tener que llegar a extremos como lo sucedido.
Otro probolema que nadie ha querido hacer visible publicamente es que esto que sucedió corre el peligro de ser desligitimado y tergiversado por actores políticos para ser manipulado según sus fines personales o partidistas.
El Miércoles 8 de Junio de 2011 hubo una Asamblea de Sala de Batalla Social donde 73 voceros de 25 Consejos Comunales decidieron lo mismo que se decidió en el cabildo abierto: "Que el CICPC tenía que salir del pueblo". En esa Asamblea de Sala de Batalla los voceros comprometidos con la revolución bolivariana liderizada por el Comandante Hugo Chávez legitimaron esta lucha a nivel político ante las autoridades nacionales. Pero en el cabildo abierto no sólo hubieron revolucionarios, allí habían ciudadanos y ciudadanas de todas las corrientes políticas que existen en nuestro municipio, lo cual también es válido cuando se trata de un problema común de toda la población. Pero lo que no es aceptable es que ahora que sucedió lo que sucedió, algunos actores políticos de oposición estén tomando esta lucha para manipularla hacia sus intereses políticos.
También hay que criticar duramente a aquellos quienes incitaban abiertamente en el cabildo abierto a la masa de personas allí reunidas para que lincharan a los funcionarios denunciados de cometer irregularidades. Eso fue una incitación a la violencia que hicieron esas personas en el micrófono ante un pueblo dolido y enardecido. Eso está penado por la ley.
Resumiendo no podemos permitir que unos cuantos manipuladores deslegitimen la lucha de un pueblo que ha sufrido los atropellos de unos funcionarios quienes lejos de cumplir su deber, permitían los delitos, lucrándose con esto y además violando derechos humanos. No podemos permitir que los actores de oposición manipulen esto para sus fines políticos. Tampoco debemos permitir que los agitadores inciten a la violencia, linchamientos ni nada por el estilo. Ni podemos ver esto como una lucha para acabar con todas las instituciones para que reine la anarquía.
Lo que sucedió tenía que suceder porque la situación era ya insoportable y ahora nos toca como pueblo construir los caminos necesarios para que regrese el CICPC pero saneado, garante de la leyes y del respeto a los derechos humanos, ejerciendo una buena contraloría social al respecto, organizadamente como Poder Popular.
Y para finalizar debemos agradecer a nuestro Comandante en Jefe Hugo Chávez por escuchar a su pueblo, fuéramos chavistas o de oposición quienes nos reunimos juntos en el cabildo abierto, y permitir que el CICPC de Santa Elena de Uairén fuera cerrado. Esa fue una decisión política de máximo nivel, porque en las leyes no está contemplado que ninguna institución militarice otra insititución, y el CICPC tiene rango constitucional. Nosotros como pueblo organizado contamos con leyes muy potentes del Poder Popular, pero no podemos con nuestras leyes pasar por encima de la Constitución Bolivariana de Venezuela ni chocar con las otras leyes de la Nación.
Entonces no servía para nada tener a funcionarios que empeoraban las cosas en vez de solucionarlas.
Jefe Nacional del CICPC dando respuesta inmediata al Pueblo
Esto no fue contra las instituciones, el hecho de que el Jefe a nivel nacional del CICPC y el Jefe del Estado Bolivar del CICPC vinieran personalmente a atender nuestro cabildo abierto indica que la institución no es el problema, si no unos cuantos funcionarios que hicieron quedar mal a la institución. Estos jefes que vinieron de afuera a atendernos no vinieron a imponerse, no vinieron a engañarnos, ellos vinieron honestamente a solucionar nuestro problema y nos dieron respuesta inmediata como se lo solicitamos. Eso como pueblo tenemos que agradecérselo a estos dos jefes del CICPC.
Con las otras instituciones ocurre lo mismo, hay unos cuantos funcionarios que deben ser investigados y sancionados si se demuestra su culpabilidad, pero no son las instituciones en si. Si se fueran todas las instituciones reinaría el caos y la anarquía. Lo que pasó con el CICPC es que lamentablemente a nivel local de este pequeño pueblo de frontera sí eran todos estos funcionarios de esta institución, alrededor de seis funcionarios en total aquí destacados los que presentaban problemas, y el pueblo no aguantó. El hecho que además estos funcionarios hubieran arremetido ideologicamente contra un Consejo Comunal, contra el Poder Popular, fue la gota que derramó el vaso y el detonante que causó la salida del CICPC de Santa Elena de Uairén.
Pero está institución volverá, nuestras propuestas para que vuelva según nuestras necesidades serán escuchadas y los jefes de Caracas velarán porque no se repita jamás algo similar a lo sucedido.
Y en las otras instituciones tenemos la esperanza que esto sirva de ejemplo para que limpien sus filas antes de tener que llegar a extremos como lo sucedido.
Otro probolema que nadie ha querido hacer visible publicamente es que esto que sucedió corre el peligro de ser desligitimado y tergiversado por actores políticos para ser manipulado según sus fines personales o partidistas.
El Miércoles 8 de Junio de 2011 hubo una Asamblea de Sala de Batalla Social donde 73 voceros de 25 Consejos Comunales decidieron lo mismo que se decidió en el cabildo abierto: "Que el CICPC tenía que salir del pueblo". En esa Asamblea de Sala de Batalla los voceros comprometidos con la revolución bolivariana liderizada por el Comandante Hugo Chávez legitimaron esta lucha a nivel político ante las autoridades nacionales. Pero en el cabildo abierto no sólo hubieron revolucionarios, allí habían ciudadanos y ciudadanas de todas las corrientes políticas que existen en nuestro municipio, lo cual también es válido cuando se trata de un problema común de toda la población. Pero lo que no es aceptable es que ahora que sucedió lo que sucedió, algunos actores políticos de oposición estén tomando esta lucha para manipularla hacia sus intereses políticos.
También hay que criticar duramente a aquellos quienes incitaban abiertamente en el cabildo abierto a la masa de personas allí reunidas para que lincharan a los funcionarios denunciados de cometer irregularidades. Eso fue una incitación a la violencia que hicieron esas personas en el micrófono ante un pueblo dolido y enardecido. Eso está penado por la ley.
Resumiendo no podemos permitir que unos cuantos manipuladores deslegitimen la lucha de un pueblo que ha sufrido los atropellos de unos funcionarios quienes lejos de cumplir su deber, permitían los delitos, lucrándose con esto y además violando derechos humanos. No podemos permitir que los actores de oposición manipulen esto para sus fines políticos. Tampoco debemos permitir que los agitadores inciten a la violencia, linchamientos ni nada por el estilo. Ni podemos ver esto como una lucha para acabar con todas las instituciones para que reine la anarquía.
Lo que sucedió tenía que suceder porque la situación era ya insoportable y ahora nos toca como pueblo construir los caminos necesarios para que regrese el CICPC pero saneado, garante de la leyes y del respeto a los derechos humanos, ejerciendo una buena contraloría social al respecto, organizadamente como Poder Popular.
Y para finalizar debemos agradecer a nuestro Comandante en Jefe Hugo Chávez por escuchar a su pueblo, fuéramos chavistas o de oposición quienes nos reunimos juntos en el cabildo abierto, y permitir que el CICPC de Santa Elena de Uairén fuera cerrado. Esa fue una decisión política de máximo nivel, porque en las leyes no está contemplado que ninguna institución militarice otra insititución, y el CICPC tiene rango constitucional. Nosotros como pueblo organizado contamos con leyes muy potentes del Poder Popular, pero no podemos con nuestras leyes pasar por encima de la Constitución Bolivariana de Venezuela ni chocar con las otras leyes de la Nación.
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